Maestría en Derecho
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Item La proporcionalidad de la sanción en los sumarios administrativos del Ministerio de Educación(2024-11-28) Gaibor Barragán, Robinson Emilio; Germánico Bolívar, Layedra LunaLa presente investigación tiene como propósito realizar un análisis jurídico crítico sobre la proporcionalidad de las sanciones impuestas en los sumarios administrativos instaurados a docentes del Ministerio de Educación, específicamente en la Dirección Distrital 02D03 Chimbo – San Miguel, durante el periodo 2020-2023. Este estudio tiene un enfoque cualitativo, de tipo básico y de nivel descriptivo, cuyo objetivo es evaluar si las sanciones aplicadas en estos sumarios se ajustaron a los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad establecidos en la legislación ecuatoriana. La metodología empleada en esta investigación incluyó un análisis bibliográfico y un estudio de campo. En el análisis bibliográfico se revisaron materiales de referencia como artículos científicos, libros, tesis académicas y la normativa legal vigente, destacando la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el Código del Trabajo, entre otros documentos relevantes. El estudio de campo consistió en la revisión de los documentos archivados en la Unidad Distrital de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital 02D03 Chimbo – San Miguel, específicamente los sumarios administrativos de los docentes que fueron objeto de sanciones durante el período de estudio. Se analizaron un total de 12 sumarios administrativos, de los cuales 3 resultaron en sanciones efectivas, que consistieron en dos destituciones y una suspensión sin goce de sueldo. Uno de los hallazgos más significativos fue que aproximadamente el 80% de los sumarios revisados no contaron con evidencia suficiente que justifique las sanciones impuestas. Se observó que la simultaneidad de los procesos administrativos y judiciales. Este hecho refuerza la preocupación de que las sanciones impuestas no siempre son proporcionales a las faltas cometidas. El x estudio plantea la necesidad de revisar los procedimientos administrativos en el ámbito educativo para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los docentes y que las sanciones sean justas y proporcionales a las faltas cometidas, de acuerdo con los principios constitucionalesItem El uso de los espacios públicos y su utilización en el cantón Ambato.(2024-11-28) Loaiza Pardo, Robinson Manuel; Centeno Maldonado, PaúlEl uso adecuado de los espacios públicos es crucial para promover la convivencia social y el desarrollo económico. En Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) confiere a los Gobiernos Autónomos Municipales la responsabilidad de regular su uso y ocupación. En el cantón Ambato, el aumento del comercio autónomo no regularizado ha generado problemas por la falta de control efectivo y el desconocimiento ciudadano sobre los procedimientos administrativos, lo que complica la gestión de estos espacios. Este estudio tiene como objetivo determinar el uso de los espacios públicos y su relación con su utilización por parte de trabajadores autónomos y comerciantes en el cantón Ambato. La metodología se fundamentó en un enfoque cualitativo positivista, de carácter descriptivo, utilizando entrevistas con cinco expertos en derecho administrativo y un análisis bibliográfico jurídico. Los resultados indican que, aunque el uso de espacios públicos por comerciantes puede fomentar la economía local, su regulación es esencial para garantizar el orden y la seguridad. A pesar de la existencia de normativas como la Ordenanza que Regula y Controla la Ocupación de Bienes de Uso Público, no se cumplen adecuadamente los criterios establecidos en el COOTAD, que busca asegurar la accesibilidad y el uso equitativo de estos espacios. Las conclusiones subrayan la necesidad de un marco regulatorio más efectivo que garantice el uso justo de los espacios públicos, considerando regalías basadas en criterios técnicos y económicos. Se propone políticas locales para el uso eficiente del espacio público en el cantón Ambato, que ayuden fortalecer los procedimientos administrativos y la normativa vigente y de esta forma ir de la mano de la normativa nacional correspondiente, donde la Asamblea Nacional tiene un rol preponderante en la aprobación de las leyes que se deben aplicar en todos los territorios o niveles de gobierno siendo de cumplimiento obligatorio.Item Gestión Ambiental de Vehículos Abandonados en los Centros de Retención Vehicular del GAD de Ambato: Propuesta de Remate y Chatarrización.(2024-11-28) Poveda Montufar, Jorge Rolando; Granizo Haro, Asdrúbal HomeroEl presente estudio aborda la problemática de la gestión ambiental de vehículos abandonados en los centros de retención vehicular del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Ambato. El objetivo principal es determinar la gestión ambiental de estos vehículos mediante la evaluación del proceso de remate y chatarrización desde un enfoque administrativo. Se identificó que la falta de regulaciones específicas y ordenanzas que regulen el proceso de declaratoria de abandono afecta negativamente la capacidad del GAD para gestionar eficientemente estos residuos peligrosos. La metodología adoptada fue cualitativa, basada en entrevistas a trabajadores y directores del GAD de Ambato, lo que permitió obtener una visión detallada sobre los procedimientos actuales y los desafíos en la aplicación de normativas ambientales. Los resultados revelaron que el 100% de los entrevistados coincidió en que no se realiza un chequeo técnico mecánico de los vehículos retenidos, lo cual limita el remate y la chatarrización de estos, contribuyendo a la acumulación de residuos peligrosos en los patios de retención. Las conclusiones enfatizan la necesidad urgente de establecer políticas locales de gestión ambiental que incluyan la creación de ordenanzas para regular el remate y chatarrización de vehículos abandonados. Estas medidas no solo ayudarán a mitigar el impacto ambiental, sino que también promoverán un entorno más saludable para la población. La implementación de un sistema regular de evaluación de los vehículos retenidos, junto con campañas de concienciación para los propietarios de vehículos en desuso, es esencial para mejorar la gestión ambiental en el cantón de Ambato. Procurando eliminar de una vez por todas la contaminación existente tanto visual como ambiental, producto de una inadecuada política y desconocimiento, de las normas legales por parte de las autoridades y funcionarios de turno del GAD Ambato. Capacitar a todos los funcionarios relacionados con el control vehicular, para que sepan el procedimiento correcto a realizar para evitar la contaminaciónItem La Eficiencia en la Contratación Pública en el Ecuador durante la crisis sanitaria ………por COVID-19(2024-11) Zapata Zapata, Guido Israel; Galiano Maritan, GriselEste estudio tuvo como objetivo evaluar los mecanismos de transparencia implementados en el Ecuador durante la crisis sanitaria por COVID-19. Se utilizó una técnica documental y cualitativa basada en el análisis de resoluciones legales (RESERCOP-2020-0104, RE-SERCOP-2020-0105 y RE-SERCOP-2020-0106) con los principales actores del proceso de contratación. Los hallazgos indicaron que, aunque la flexibilización de procedimientos permitió una respuesta más ágil en caso de emergencia, hubo fallas en la transparencia y el control, lo que aumentó el peligro de corrupción. Las resoluciones aceleraron los procesos, pero también disminuyeron las garantías de competencia y la calidad de los productos adquiridos, lo que provocó problemas de gestión y supervisión. La contratación directa para la compra de materiales médicos fue autorizada por la resolución número RE-SERCOP-2020-0104; no obstante, su puesta en marcha no tuvo mecanismos de auditoría apropiados, lo que propició la emergencia de anomalías y gastos excesivos en diversos contratos. Aunque la resolución número RE-SERCOP-2020-0105 tenía como objetivo fortalecer la supervisión, se encontró que las entidades contratantes no cumplieron con los requisitos de transparencia establecidos, especialmente en lo que respeta a la publicación de los detalles de los contratos. La resolución número RE-SERCOP-2020- 0106 tenía como objetivo garantizar la eficiencia en la entrega de productos, pero debido a la urgencia de la situación, no siempre se logró garantizar la calidad de los bienes adquiridos. Se llegó a la conclusión de que, aunque era necesario tomar medidas rápidas para abordar la situación presentada, se debe considerar que la velocidad en la toma de decisiones no debe comprometer la calidad ni la efectividad de las acciones xi implementadas, la urgencia de las circunstancias requería una respuesta inmediata, pero esta necesidad no exime la responsabilidad de evaluar cuidadosamente las opciones disponibles, por lo que la falta de mecanismos de control adecuados tuvo un impacto negativo en la integridad de algunos procesos. Para evitar la concentración de contratos, se sugiere fomentar la competencia entre proveedores y la inclusión de pequeñas y medianas empresas.Item Contratación de servicios ocasionales en el sector público ecuatoriano y los derechos de las personas vulnerables con enfermedad catastrófica(2024-10) Katty Patricia Sánchez Manobanda, Katty Patricia; Celi Toledo, Israel PatricioEl presente trabajo de investigación, examina la protección de los derechos laborales de los servidores públicos en el Ecuador, pertenecientes al grupo de personas vulnerables, por adolecer alguna enfermedad catastrófica. El objetivo principal es, realizar el correspondiente análisis de la Jurisprudencia Constitucional ecuatoriana, en relación a la estabilidad laboral reforzada con las personas con enfermedad catastrófica. Específicamente, se puede identificar deficiencias en la aplicación de leyes y proponer medidas para mejorar la protección jurídica y social. En cuanto a la metodología empleada, incluye un enfoque cualitativo, basado en el análisis documental y jurisprudencial, revisando sentencias judiciales y normativas vigentes. Los resultados muestran que, aunque la legislación ecuatoriana establece protecciones claras para las personas con enfermedades catastróficas, su implementación práctica es insuficiente. Se detectaron numerosos casos de despidos injustificados y falta de adaptaciones laborales. Las sentencias judiciales a menudo favorecen a los trabajadores, pero su cumplimiento es deficiente debido a la falta de mecanismos efectivos de supervisión y control. En las conclusiones se destacan una brecha significativa entre la legislación y su aplicación efectiva, la persistencia de la discriminación laboral, la ineficacia de los mecanismos jurídicos y administrativos actuales, y la necesidad de reformas legales y políticas públicas robustas. Las recomendaciones incluyen actualizar la legislación para garantizar protecciones más efectivas, fortalecer los mecanismos de supervisión y control, capacitar a empleadores sobre los derechos de estos trabajadores, con mayor énfasis, promover la estabilidad laboral reforzada y programas de reintegración, mejorar el acceso a medicamentos y tratamientos, simplificar procedimientos administrativos para denuncias, desarrollar políticas inclusivas de empleo y programas de apoyo psicológico. En resumen, la investigación subraya la urgente necesidad de reformas legales y la implementación de políticas públicas, para asegurar una verdadera protección de los derechos laborales de las personas con enfermedades catastróficas en Ecuador, promoviendo equidad y justicia social.Item El Derecho a la defensa y el principio de oportunidad de la prueba contemplado en el artículo 194 del COA dentro de los procesos administrativos sancionadores(2024-10) Arcos Sánchez, Alex Enrique; Layedra Luna, Germánico BolívarEl derecho a la defensa, consagrado en el artículo 76, numeral 7, letras a) y c) de la Constitución de la República del Ecuador, es esencial para garantizar un debido proceso para los administrados. Sin embargo, existe una discrepancia con respecto al artículo 194 del Código Orgánico Administrativo, el cual establece que la prueba debe presentar el administrado en la primera comparecencia al inicio del proceso administrativo sancionador, sin tener la posibilidad de aceptar pruebas no anunciadas en esta instancia por parte de la administración pública, a menos que el administrado demuestre su desconocimiento o que conociéndola no se pudo disponer de dicha prueba en el proceso. Es importante destacar que el código orgánico administrativo no define un plazo específico para la presentación de pruebas, pues lo que otorga es discrecionalidad a la administración pública, según lo indica el último inciso del artículo 194; en ocasiones, la administración pública determina un plazo específico para la presentación de pruebas, que suele ser de cinco o diez días, pero luego se desestiman las pruebas presentadas en este lapso, alegando el principio de oportunidad establecido en el artículo 194, inciso primero. Esto entra en conflicto con las disposiciones constitucionales, las cuales prevalecen sobre otras normas de menor jerarquía o rango, según lo estipulado en los artículos 424 y 425 de la Constitución. Esta práctica viola el derecho a la defensa, ya que nadie puede ser privado de este derecho en ninguna etapa del proceso; el enfoque metodológico utilizado en este análisis es propositivo, con el objetivo de examinar aspectos jurídicos, como la vulneración del derecho a la defensa en la aplicación del principio de oportunidad de la prueba en los xii procedimientos administrativos sancionadores. Los resultados muestran claramente una violación del derecho a la defensa por parte de la administración pública hacia el administrado.Item El principio de tipicidad en los procedimientos administrativos sancionadores a docentes, desarrollados en instituciones de educación superior pública del Ecuador.(2024-10) Soña Llomar Muñoz Sanabria; Romo, José LuisLa presente tesis desarrollo un estudio sobre el “PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A DOCENTES, DESARROLLADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR”, ello constituye un tema de gran importancia que pretende ilustrar como se desarrolla el ejercicio de la potestad sancionadora que le es atribuida a las entidades administrativas, lo que hace que la problemática planteada sea de trascendental importancia en un Estado de derechos y justicia, siendo la Ley Orgánica de Educación Superior la encargada de regular a los diferentes organismos que integran este sistema y establece las sanciones que deben aplicarse en el supuesto de contravenir las disposiciones normativas de la Constitución y la ley. La norma señalada establece los deberes, derechos y obligaciones de los docentes, así como la responsabilidad y rol de la administración; sin embargo, que la normativa institucional interna establece la clasificación de las faltas en las que puede incidir el servidor universitario, no se determina expresamente la estructura dogmática de la falta administrativa que la configure como conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, quien haya incurrido en una falta leve, grave o muy grave tiene derecho a que la misma sea tramitada mediante un sistema sancionador que se adecúe a los preceptos constitucionales. La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con el estudio de casos, que conlleva a un análisis documental de Resoluciones Administrativas emitidas por el H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, casos referidos a la aplicación del principio de tipicidad en determinados procedimientos disciplinarios. Los resultados de la investigación señalan que el Principio de Tipicidad se aplicó debidamente en las Resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores a Docentes periodo 2018-2022, sin embargo de aquello, es necesario indicar que junto con la tipificación de la falta se está complementando la misma con determinadas infracciones que tienen redacción ambigua y de alguna manera podrían dar lugar a interpretaciones, objeciones y dar lugar a la activación de la justicia constitucional incluso antes de la expedición de la resolución por parte del órgano sancionador.Item La imposibilidad de acceder al derecho a la jubilación por deudas de los patronos. Una mirada desde el procedimiento administrativo del IESS y la sentencia No. 1024-19-JP/21.(2024-10) Vallejo Quiroga, Fanny Cristina; Granizo Haro, Asdrúbal HomeroEl Ecuador es un país garantista de derechos, que vela y tutela por el bienestar de todos los ciudadanos por igual, reconociendo que existe cierto grupo de personas que por su condición física y mental deben tener prioridad, estas son las personas de la tercera edad, quienes se encuentran respaldados por el Estado al pertenecer al grupo de personas de atención prioritaria. Ahora bien, este grupo de personas, quien en su etapa adulta laboraron de manera continua y a su vez pertenecieron como afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)1 , llegan a la etapa de la vejez con el derecho y la aspiración de jubilarse, es decir, empezar a recibir un rédito mensual por parte del Estado. Sin embargo, como requisito para jubilarse el afiliado debe cumplir 60 años de edad y 360 aportaciones, pero se crea una brecha de vulneración a derechos constitucionales al impedir el acceso a la jubilación cuando el empleador no ha pagado las aportaciones mensuales descontadas del salario al trabajador. Más grave aún es el hecho que se pretende hacer ante esta problemática que tiene el afiliado, pues el IESS con la finalidad de no perder el dinero que no cobró y recaudarlo de manera rápida, exige al trabajador el pago de la deuda de su empleador (incluido la mora), mediante un acto de simple administración denominado planillas excepcionales. Es este pequeño accionar es el centro de esta investigación al evaluar su poca factibilidad cuando existe retardo injustificado en el departamento de coactiva. Para la presente se enfocará en la Institución Educativa IESVAL, razón social en la que su empleador no ha cancelado más de 6 años de aportaciones y al mantener 8 trabajadores con los requisitos para acceder al derecho a la jubilación no lo pueden hacer en vista de la irresponsabilidad patronal que ejerció, en donde se aprecia que el trabajo de recaudación del IESS es ineficienteItem Los actos administrativos y la motivación en el debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores de clausura a establecimientos del Ministerio de Gobierno.(2024-10) Lascano Ruiz, Fernanda Natali; Galiano Maritan, GriselEl Estado debe velar por el respeto irrestricto a los Derechos de todos los ciudadanos establecidos en la Constitución de la Republica del Ecuador, respetando el debido proceso en sus actuaciones, en las decisiones o resoluciones administrativas debidamente motivadas. El objetivo fue analizar la aplicabilidad del principio de motivación en los Procedimientos Administrativos Sancionadores de Clausura a establecimientos sujetos a control del Ministerio de Gobierno en Ecuador. La metodología usada fue enfoque cualitativo y exploratorio, centrándose en el análisis de caso del expediente administrativo N° 030-2020. Se llevó a cabo una investigación bibliográfica de textos legales, doctrinas y sentencias judiciales. Además, se aplicó el test de motivación y la sentencia No. 1158-17-EP/2. Los resultados mostraron que, aunque se respetó el debido proceso y la normativa vigente, existen inconsistencias en la aplicación del principio de motivación sustentado en la sentencia No. 1158-17-EP/2, lo cual podría comprometer la legitimidad de las sanciones. En particular, se detectó una falta de fundamentación adecuada en las resoluciones de clausura según los nuevos criterios de la Corte Constitucional, generándose inseguridad jurídica y afectando la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Se concluye, la necesidad de mejorar la formación jurídica de los funcionarios responsables de estos procedimientos. Asimismo, se propone un modelo que incluye recomendaciones para fortalecer la motivación, destacándose la importancia de capacitaciones continuas y revisiones periódicas de los actos administrativos. Estas medidas son cruciales para garantizar la correcta aplicación del principio de motivación, evitar decisiones arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica en la administración públicaItem Inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por delitos de acoso sexual a estudiantes en los establecimientos educativos públicos(2024-08) Paccha Viñamagua, Jorge Gustavo; Galiano Maritan, GriselLas denuncias por acoso sexual en instituciones fiscales cometidas presuntamente por docentes son resueltas mediante un sumario administrativo en el cual se establece como sanción disciplinaria la destitución del infractor, sin embargo, la administración pública omite varias fases procedimentales vulnerando garantías del debido proceso, y derechos de los docentes. Esta problemática se remarca aún más cuando, en el campo penal no se logra determinar la responsabilidad penal del docente y, no se dispone un procedimiento administrativo para su reingreso a su carrera profesional dentro de una institución pública. En este sentido, se ha evidenciado que existe una inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por la fata de observancia en la legalidad y legitimidad del proceso administrativo. La presente investigación fundamenta las bases teóricas y legales que sustentan la necesidad de reformar el Reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador en relación con la suspensión de sanciones administrativas disciplinarias a docentes de instituciones fiscales para garantizar el debido proceso en el Ecuador. Para ello, se utilizó una metodología desde un enfoque cualitativo partiendo de un estudio dogmático y el análisis de resultados de las resoluciones administrativas ha conllevado a confirmar la necesidad de la necesidad de instaurar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de Educación Intercultural enfocada en la suspensión de sanciones administrativas disciplinaria como una medida cautelar en el procedimiento administrativo sancionador esto en cumplimiento a las garantías básicas del debido proceso establecidas en la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico Administrativos. Debido que, a través del estudio realizado se ha comprobado que los servidores públicos quedan en un estado de indefensión y una transgresión de derechos fundamentales, principalmente una afectación al derecho al trabajado que consagrado como un derecho y deber social, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y garantías básicas del debido proceso.
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