Inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por delitos de acoso sexual a estudiantes en los establecimientos educativos públicos

Abstract

Las denuncias por acoso sexual en instituciones fiscales cometidas presuntamente por docentes son resueltas mediante un sumario administrativo en el cual se establece como sanción disciplinaria la destitución del infractor, sin embargo, la administración pública omite varias fases procedimentales vulnerando garantías del debido proceso, y derechos de los docentes. Esta problemática se remarca aún más cuando, en el campo penal no se logra determinar la responsabilidad penal del docente y, no se dispone un procedimiento administrativo para su reingreso a su carrera profesional dentro de una institución pública. En este sentido, se ha evidenciado que existe una inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por la fata de observancia en la legalidad y legitimidad del proceso administrativo. La presente investigación fundamenta las bases teóricas y legales que sustentan la necesidad de reformar el Reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador en relación con la suspensión de sanciones administrativas disciplinarias a docentes de instituciones fiscales para garantizar el debido proceso en el Ecuador. Para ello, se utilizó una metodología desde un enfoque cualitativo partiendo de un estudio dogmático y el análisis de resultados de las resoluciones administrativas ha conllevado a confirmar la necesidad de la necesidad de instaurar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de Educación Intercultural enfocada en la suspensión de sanciones administrativas disciplinaria como una medida cautelar en el procedimiento administrativo sancionador esto en cumplimiento a las garantías básicas del debido proceso establecidas en la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico Administrativos. Debido que, a través del estudio realizado se ha comprobado que los servidores públicos quedan en un estado de indefensión y una transgresión de derechos fundamentales, principalmente una afectación al derecho al trabajado que consagrado como un derecho y deber social, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y garantías básicas del debido proceso.