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    La Eficiencia en la Contratación Pública en el Ecuador durante la crisis sanitaria ………por COVID-19
    (2024-11) Zapata Zapata, Guido Israel; Galiano Maritan, Grisel
    Este estudio tuvo como objetivo evaluar los mecanismos de transparencia implementados en el Ecuador durante la crisis sanitaria por COVID-19. Se utilizó una técnica documental y cualitativa basada en el análisis de resoluciones legales (RESERCOP-2020-0104, RE-SERCOP-2020-0105 y RE-SERCOP-2020-0106) con los principales actores del proceso de contratación. Los hallazgos indicaron que, aunque la flexibilización de procedimientos permitió una respuesta más ágil en caso de emergencia, hubo fallas en la transparencia y el control, lo que aumentó el peligro de corrupción. Las resoluciones aceleraron los procesos, pero también disminuyeron las garantías de competencia y la calidad de los productos adquiridos, lo que provocó problemas de gestión y supervisión. La contratación directa para la compra de materiales médicos fue autorizada por la resolución número RE-SERCOP-2020-0104; no obstante, su puesta en marcha no tuvo mecanismos de auditoría apropiados, lo que propició la emergencia de anomalías y gastos excesivos en diversos contratos. Aunque la resolución número RE-SERCOP-2020-0105 tenía como objetivo fortalecer la supervisión, se encontró que las entidades contratantes no cumplieron con los requisitos de transparencia establecidos, especialmente en lo que respeta a la publicación de los detalles de los contratos. La resolución número RE-SERCOP-2020- 0106 tenía como objetivo garantizar la eficiencia en la entrega de productos, pero debido a la urgencia de la situación, no siempre se logró garantizar la calidad de los bienes adquiridos. Se llegó a la conclusión de que, aunque era necesario tomar medidas rápidas para abordar la situación presentada, se debe considerar que la velocidad en la toma de decisiones no debe comprometer la calidad ni la efectividad de las acciones xi implementadas, la urgencia de las circunstancias requería una respuesta inmediata, pero esta necesidad no exime la responsabilidad de evaluar cuidadosamente las opciones disponibles, por lo que la falta de mecanismos de control adecuados tuvo un impacto negativo en la integridad de algunos procesos. Para evitar la concentración de contratos, se sugiere fomentar la competencia entre proveedores y la inclusión de pequeñas y medianas empresas.
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    Contratación de servicios ocasionales en el sector público ecuatoriano y los derechos de las personas vulnerables con enfermedad catastrófica
    (2024-10) Katty Patricia Sánchez Manobanda, Katty Patricia; Celi Toledo, Israel Patricio
    El presente trabajo de investigación, examina la protección de los derechos laborales de los servidores públicos en el Ecuador, pertenecientes al grupo de personas vulnerables, por adolecer alguna enfermedad catastrófica. El objetivo principal es, realizar el correspondiente análisis de la Jurisprudencia Constitucional ecuatoriana, en relación a la estabilidad laboral reforzada con las personas con enfermedad catastrófica. Específicamente, se puede identificar deficiencias en la aplicación de leyes y proponer medidas para mejorar la protección jurídica y social. En cuanto a la metodología empleada, incluye un enfoque cualitativo, basado en el análisis documental y jurisprudencial, revisando sentencias judiciales y normativas vigentes. Los resultados muestran que, aunque la legislación ecuatoriana establece protecciones claras para las personas con enfermedades catastróficas, su implementación práctica es insuficiente. Se detectaron numerosos casos de despidos injustificados y falta de adaptaciones laborales. Las sentencias judiciales a menudo favorecen a los trabajadores, pero su cumplimiento es deficiente debido a la falta de mecanismos efectivos de supervisión y control. En las conclusiones se destacan una brecha significativa entre la legislación y su aplicación efectiva, la persistencia de la discriminación laboral, la ineficacia de los mecanismos jurídicos y administrativos actuales, y la necesidad de reformas legales y políticas públicas robustas. Las recomendaciones incluyen actualizar la legislación para garantizar protecciones más efectivas, fortalecer los mecanismos de supervisión y control, capacitar a empleadores sobre los derechos de estos trabajadores, con mayor énfasis, promover la estabilidad laboral reforzada y programas de reintegración, mejorar el acceso a medicamentos y tratamientos, simplificar procedimientos administrativos para denuncias, desarrollar políticas inclusivas de empleo y programas de apoyo psicológico. En resumen, la investigación subraya la urgente necesidad de reformas legales y la implementación de políticas públicas, para asegurar una verdadera protección de los derechos laborales de las personas con enfermedades catastróficas en Ecuador, promoviendo equidad y justicia social.
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    El Derecho a la defensa y el principio de oportunidad de la prueba contemplado en el artículo 194 del COA dentro de los procesos administrativos sancionadores
    (2024-10) Arcos Sánchez, Alex Enrique; Layedra Luna, Germánico Bolívar
    El derecho a la defensa, consagrado en el artículo 76, numeral 7, letras a) y c) de la Constitución de la República del Ecuador, es esencial para garantizar un debido proceso para los administrados. Sin embargo, existe una discrepancia con respecto al artículo 194 del Código Orgánico Administrativo, el cual establece que la prueba debe presentar el administrado en la primera comparecencia al inicio del proceso administrativo sancionador, sin tener la posibilidad de aceptar pruebas no anunciadas en esta instancia por parte de la administración pública, a menos que el administrado demuestre su desconocimiento o que conociéndola no se pudo disponer de dicha prueba en el proceso. Es importante destacar que el código orgánico administrativo no define un plazo específico para la presentación de pruebas, pues lo que otorga es discrecionalidad a la administración pública, según lo indica el último inciso del artículo 194; en ocasiones, la administración pública determina un plazo específico para la presentación de pruebas, que suele ser de cinco o diez días, pero luego se desestiman las pruebas presentadas en este lapso, alegando el principio de oportunidad establecido en el artículo 194, inciso primero. Esto entra en conflicto con las disposiciones constitucionales, las cuales prevalecen sobre otras normas de menor jerarquía o rango, según lo estipulado en los artículos 424 y 425 de la Constitución. Esta práctica viola el derecho a la defensa, ya que nadie puede ser privado de este derecho en ninguna etapa del proceso; el enfoque metodológico utilizado en este análisis es propositivo, con el objetivo de examinar aspectos jurídicos, como la vulneración del derecho a la defensa en la aplicación del principio de oportunidad de la prueba en los xii procedimientos administrativos sancionadores. Los resultados muestran claramente una violación del derecho a la defensa por parte de la administración pública hacia el administrado.
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    El principio de tipicidad en los procedimientos administrativos sancionadores a docentes, desarrollados en instituciones de educación superior pública del Ecuador.
    (2024-10) Soña Llomar Muñoz Sanabria; Romo, José Luis
    La presente tesis desarrollo un estudio sobre el “PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A DOCENTES, DESARROLLADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR”, ello constituye un tema de gran importancia que pretende ilustrar como se desarrolla el ejercicio de la potestad sancionadora que le es atribuida a las entidades administrativas, lo que hace que la problemática planteada sea de trascendental importancia en un Estado de derechos y justicia, siendo la Ley Orgánica de Educación Superior la encargada de regular a los diferentes organismos que integran este sistema y establece las sanciones que deben aplicarse en el supuesto de contravenir las disposiciones normativas de la Constitución y la ley. La norma señalada establece los deberes, derechos y obligaciones de los docentes, así como la responsabilidad y rol de la administración; sin embargo, que la normativa institucional interna establece la clasificación de las faltas en las que puede incidir el servidor universitario, no se determina expresamente la estructura dogmática de la falta administrativa que la configure como conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, quien haya incurrido en una falta leve, grave o muy grave tiene derecho a que la misma sea tramitada mediante un sistema sancionador que se adecúe a los preceptos constitucionales. La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con el estudio de casos, que conlleva a un análisis documental de Resoluciones Administrativas emitidas por el H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, casos referidos a la aplicación del principio de tipicidad en determinados procedimientos disciplinarios. Los resultados de la investigación señalan que el Principio de Tipicidad se aplicó debidamente en las Resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores a Docentes periodo 2018-2022, sin embargo de aquello, es necesario indicar que junto con la tipificación de la falta se está complementando la misma con determinadas infracciones que tienen redacción ambigua y de alguna manera podrían dar lugar a interpretaciones, objeciones y dar lugar a la activación de la justicia constitucional incluso antes de la expedición de la resolución por parte del órgano sancionador.
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    La imposibilidad de acceder al derecho a la jubilación por deudas de los patronos. Una mirada desde el procedimiento administrativo del IESS y la sentencia No. 1024-19-JP/21.
    (2024-10) Vallejo Quiroga, Fanny Cristina; Granizo Haro, Asdrúbal Homero
    El Ecuador es un país garantista de derechos, que vela y tutela por el bienestar de todos los ciudadanos por igual, reconociendo que existe cierto grupo de personas que por su condición física y mental deben tener prioridad, estas son las personas de la tercera edad, quienes se encuentran respaldados por el Estado al pertenecer al grupo de personas de atención prioritaria. Ahora bien, este grupo de personas, quien en su etapa adulta laboraron de manera continua y a su vez pertenecieron como afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)1 , llegan a la etapa de la vejez con el derecho y la aspiración de jubilarse, es decir, empezar a recibir un rédito mensual por parte del Estado. Sin embargo, como requisito para jubilarse el afiliado debe cumplir 60 años de edad y 360 aportaciones, pero se crea una brecha de vulneración a derechos constitucionales al impedir el acceso a la jubilación cuando el empleador no ha pagado las aportaciones mensuales descontadas del salario al trabajador. Más grave aún es el hecho que se pretende hacer ante esta problemática que tiene el afiliado, pues el IESS con la finalidad de no perder el dinero que no cobró y recaudarlo de manera rápida, exige al trabajador el pago de la deuda de su empleador (incluido la mora), mediante un acto de simple administración denominado planillas excepcionales. Es este pequeño accionar es el centro de esta investigación al evaluar su poca factibilidad cuando existe retardo injustificado en el departamento de coactiva. Para la presente se enfocará en la Institución Educativa IESVAL, razón social en la que su empleador no ha cancelado más de 6 años de aportaciones y al mantener 8 trabajadores con los requisitos para acceder al derecho a la jubilación no lo pueden hacer en vista de la irresponsabilidad patronal que ejerció, en donde se aprecia que el trabajo de recaudación del IESS es ineficiente
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    Los actos administrativos y la motivación en el debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores de clausura a establecimientos del Ministerio de Gobierno.
    (2024-10) Lascano Ruiz, Fernanda Natali; Galiano Maritan, Grisel
    El Estado debe velar por el respeto irrestricto a los Derechos de todos los ciudadanos establecidos en la Constitución de la Republica del Ecuador, respetando el debido proceso en sus actuaciones, en las decisiones o resoluciones administrativas debidamente motivadas. El objetivo fue analizar la aplicabilidad del principio de motivación en los Procedimientos Administrativos Sancionadores de Clausura a establecimientos sujetos a control del Ministerio de Gobierno en Ecuador. La metodología usada fue enfoque cualitativo y exploratorio, centrándose en el análisis de caso del expediente administrativo N° 030-2020. Se llevó a cabo una investigación bibliográfica de textos legales, doctrinas y sentencias judiciales. Además, se aplicó el test de motivación y la sentencia No. 1158-17-EP/2. Los resultados mostraron que, aunque se respetó el debido proceso y la normativa vigente, existen inconsistencias en la aplicación del principio de motivación sustentado en la sentencia No. 1158-17-EP/2, lo cual podría comprometer la legitimidad de las sanciones. En particular, se detectó una falta de fundamentación adecuada en las resoluciones de clausura según los nuevos criterios de la Corte Constitucional, generándose inseguridad jurídica y afectando la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Se concluye, la necesidad de mejorar la formación jurídica de los funcionarios responsables de estos procedimientos. Asimismo, se propone un modelo que incluye recomendaciones para fortalecer la motivación, destacándose la importancia de capacitaciones continuas y revisiones periódicas de los actos administrativos. Estas medidas son cruciales para garantizar la correcta aplicación del principio de motivación, evitar decisiones arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica en la administración pública
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    Competencias digitales del docente para mejorar el desempeño pedagógico en educación básica superior.
    (2024-08) Grecia Liliana Santos Pilataxi; Lorena Del Carmen Chiliquinga Vejar
    En el contexto actual, la educación enfrenta transformaciones significativas impulsadas por la rápida evolución de la tecnología digital. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito educativo ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad imperativa. Los docentes desempeñan un papel crucial en este proceso, ya que son los encargados de preparar a las futuras generaciones para un mundo digitalmente interconectado, para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos. Las competencias digitales de los docentes son clave para mejorar el desempeño pedagógico, permitiendo una enseñanza más interactiva, personalizada y eficiente. El objetivo principal de este estudio fue establecer la relación de las competencias digitales y el desempeño pedagógico en el aula de los docentes de educación básica superior. La investigación se basó en una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre competencias digitales en educación, con un enfoque cuantitativo de corte transversal y de tipo correlacional. Para evaluar el nivel de competencias digitales se utilizó instrumentos validados y estandarizados en investigaciones previas. Estos se aplicaron a 30 docentes de educación básica superior de la Unidad Educativa “Hispano América”. Se determinó que el en el 40% de los docentes tiene un nivel medio de competencias digitales, seguido por el nivel alto y nivel bajo de competencias que presentan igual porcentaje el 30%. Se encontró una correlación positiva moderada (Rho=0.439) entre las competencias digitales y el desempeño pedagógico. Además, se determinó que las herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes son las páginas tipo Blog, las redes sociales, las que proporcionan presentaciones básicas. Por este motivo, se estructuro una guía de herramientas tecnológicas que servirá como un recurso valioso para mejorar la productividad, la comunicación en el proceso educativo. Los docentes con competencias digitales están mejor equipados para preparar a los estudiantes.
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    Inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por delitos de acoso sexual a estudiantes en los establecimientos educativos públicos
    (2024-08) Paccha Viñamagua, Jorge Gustavo; Galiano Maritan, Grisel
    Las denuncias por acoso sexual en instituciones fiscales cometidas presuntamente por docentes son resueltas mediante un sumario administrativo en el cual se establece como sanción disciplinaria la destitución del infractor, sin embargo, la administración pública omite varias fases procedimentales vulnerando garantías del debido proceso, y derechos de los docentes. Esta problemática se remarca aún más cuando, en el campo penal no se logra determinar la responsabilidad penal del docente y, no se dispone un procedimiento administrativo para su reingreso a su carrera profesional dentro de una institución pública. En este sentido, se ha evidenciado que existe una inadecuada aplicación de las sanciones administrativas disciplinarias a docentes fiscales por la fata de observancia en la legalidad y legitimidad del proceso administrativo. La presente investigación fundamenta las bases teóricas y legales que sustentan la necesidad de reformar el Reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador en relación con la suspensión de sanciones administrativas disciplinarias a docentes de instituciones fiscales para garantizar el debido proceso en el Ecuador. Para ello, se utilizó una metodología desde un enfoque cualitativo partiendo de un estudio dogmático y el análisis de resultados de las resoluciones administrativas ha conllevado a confirmar la necesidad de la necesidad de instaurar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de Educación Intercultural enfocada en la suspensión de sanciones administrativas disciplinaria como una medida cautelar en el procedimiento administrativo sancionador esto en cumplimiento a las garantías básicas del debido proceso establecidas en la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico Administrativos. Debido que, a través del estudio realizado se ha comprobado que los servidores públicos quedan en un estado de indefensión y una transgresión de derechos fundamentales, principalmente una afectación al derecho al trabajado que consagrado como un derecho y deber social, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y garantías básicas del debido proceso.
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    La vulneración del debido proceso en la valoración de la prueba en sumarios administrativos policiales
    (2024-08) Segovia Tamayo, Juan Carlos; Celi Toledo, Israel Patricio
    La vulneración del debido proceso en la valoración de la prueba en sumarios administrativos policiales se analiza en relación con la falta de formación académica de los delegados de Inspectoría General de la Policía Nacional. Esta deficiencia conduce a una valoración deficiente de la prueba, ya que no cumple con los estándares de motivación establecidos por la Corte Constitucional en su Sentencia Nº 1158-17- EP/21, establece varias pautas a examinar. Esta deficiencia motivacional se caracteriza por la Inexistencia, la Insuficiencia y la Apariencia, en contraste con la preparación de los jueces garantistas de derechos. Se observa que, al resolver, las autoridades no valoran adecuadamente la prueba en su conjunto, comprometiendo así los principios de valoración probatoria en los sumarios administrativos policiales. Además, esta situación afecta el principio de imparcialidad, generando inconsistencias en la administración de justicia dentro de la institución policial. Este hallazgo se confirma con la entrevista realizada a los tres expertos, quienes coinciden en que la falta de preparación académica de las autoridades policiales es la razón principal de esta vulneración. Así, de los cinco casos analizados en este trabajo investigativo, cuatro de ellos no cumplen con los estándares de motivación. Específicamente, presentan deficiencias motivacionales en relación con la Apariencia, lo que revela incongruencias frente a las partes y discrepancias jurídicas. Esta situación se debe a que la Autoridad Resolutiva no se pronuncia ni explica de manera clara y concisa por qué no considera los argumentos presentados por las defensas técnicas de los sumariados, limitándose x exclusivamente a lo expresado por el representante de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Como resultado, se genera una falta de transparencia en el proceso decisional, lo que afecta la legitimidad y la confianza en las resoluciones emitidas, así como incrementar las posibilidades de recursos judiciales por parte de los afectados.
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    La graduación de las sanciones en faltas administrativas disciplinarias graves a muy graves y su afectación a la seguridad jurídica en el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público.
    (2024-08) Izurieta Checa, Andrea Alexandra; Layedra Luna, Germánico Bolívar
    En la investigación se utilizan enfoques doctrinales, legales y críticos para examinar cómo se determinan las sanciones bajo el artículo 49 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Este regula la estructura, organización, carrera y el sistema disciplinario de las entidades de seguridad. Se analizarán los métodos disciplinarios para abordar infracciones menores, serias y muy serias. Las medidas disciplinarias aplicadas a los empleados de seguridad ciudadana deben asegurar un proceso justo y, una certeza legal. El desafío de esta investigación es la ambigüedad de la legislación, porque no proporciona un método claro para escalar una falta grave a muy grave. En el momento de aplicar sanciones administrativas disciplinarias que el COESCOP contempla, es esencial que estas sean acordes con los actos que las motivaron. La falta de precisión en la normativa implica un impacto negativo en la Seguridad Jurídica, por ende, en el Derecho a la Defensa de los individuos afectados ya que, la normativa no señala cuales son los parámetros que se deben considerar con exactitud para graduar las sanciones de graves a muy graves, lo que abre las puertas para que se vulneren los derechos de los administrados en los procesos administrativos disciplinarios sancionadores; en especial el derecho al trabajo, pues dicha graduación de sanciones puede originar la destitución del servidor público al ser calificada una falta de muy grave sin las debida justificación legal, sino en base de criterios subjetivos. El enfoque de esta investigación es cualitativo. Se concluye que la ausencia de un procedimiento apropiado para clasificar y graduar las sanciones disciplinarias administrativas del COESCOP en relación con la conducta de los agentes de policía otorga al ente sancionador la facultad de adaptar el proceso disciplinario a cualquier negligencia cometida por el personal policial, lo que puede resultar en decisiones arbitrarias.