Maestría en Derecho

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Author: search.filters.author.Lascano Ruiz, Fernanda NataliSubject: search.filters.subject.RESOLUCIÓN

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    Los actos administrativos y la motivación en el debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores de clausura a establecimientos del Ministerio de Gobierno.
    (2024-10) Lascano Ruiz, Fernanda Natali; Galiano Maritan, Grisel
    El Estado debe velar por el respeto irrestricto a los Derechos de todos los ciudadanos establecidos en la Constitución de la Republica del Ecuador, respetando el debido proceso en sus actuaciones, en las decisiones o resoluciones administrativas debidamente motivadas. El objetivo fue analizar la aplicabilidad del principio de motivación en los Procedimientos Administrativos Sancionadores de Clausura a establecimientos sujetos a control del Ministerio de Gobierno en Ecuador. La metodología usada fue enfoque cualitativo y exploratorio, centrándose en el análisis de caso del expediente administrativo N° 030-2020. Se llevó a cabo una investigación bibliográfica de textos legales, doctrinas y sentencias judiciales. Además, se aplicó el test de motivación y la sentencia No. 1158-17-EP/2. Los resultados mostraron que, aunque se respetó el debido proceso y la normativa vigente, existen inconsistencias en la aplicación del principio de motivación sustentado en la sentencia No. 1158-17-EP/2, lo cual podría comprometer la legitimidad de las sanciones. En particular, se detectó una falta de fundamentación adecuada en las resoluciones de clausura según los nuevos criterios de la Corte Constitucional, generándose inseguridad jurídica y afectando la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Se concluye, la necesidad de mejorar la formación jurídica de los funcionarios responsables de estos procedimientos. Asimismo, se propone un modelo que incluye recomendaciones para fortalecer la motivación, destacándose la importancia de capacitaciones continuas y revisiones periódicas de los actos administrativos. Estas medidas son cruciales para garantizar la correcta aplicación del principio de motivación, evitar decisiones arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica en la administración pública