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Item La vulneración del debido proceso en la valoración de la prueba en sumarios administrativos policiales(2024-08) Segovia Tamayo, Juan Carlos; Celi Toledo, Israel PatricioLa vulneración del debido proceso en la valoración de la prueba en sumarios administrativos policiales se analiza en relación con la falta de formación académica de los delegados de Inspectoría General de la Policía Nacional. Esta deficiencia conduce a una valoración deficiente de la prueba, ya que no cumple con los estándares de motivación establecidos por la Corte Constitucional en su Sentencia Nº 1158-17- EP/21, establece varias pautas a examinar. Esta deficiencia motivacional se caracteriza por la Inexistencia, la Insuficiencia y la Apariencia, en contraste con la preparación de los jueces garantistas de derechos. Se observa que, al resolver, las autoridades no valoran adecuadamente la prueba en su conjunto, comprometiendo así los principios de valoración probatoria en los sumarios administrativos policiales. Además, esta situación afecta el principio de imparcialidad, generando inconsistencias en la administración de justicia dentro de la institución policial. Este hallazgo se confirma con la entrevista realizada a los tres expertos, quienes coinciden en que la falta de preparación académica de las autoridades policiales es la razón principal de esta vulneración. Así, de los cinco casos analizados en este trabajo investigativo, cuatro de ellos no cumplen con los estándares de motivación. Específicamente, presentan deficiencias motivacionales en relación con la Apariencia, lo que revela incongruencias frente a las partes y discrepancias jurídicas. Esta situación se debe a que la Autoridad Resolutiva no se pronuncia ni explica de manera clara y concisa por qué no considera los argumentos presentados por las defensas técnicas de los sumariados, limitándose x exclusivamente a lo expresado por el representante de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Como resultado, se genera una falta de transparencia en el proceso decisional, lo que afecta la legitimidad y la confianza en las resoluciones emitidas, así como incrementar las posibilidades de recursos judiciales por parte de los afectados.