El ejercicio del procedimiento de ejecución coactiva enfocado al debido proceso dentro de la potestad de cobro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social del cantón Ambato

Abstract

El presente trabajo de investigación analizó las diferentes garantías del Debido Proceso establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, las cuales se deben aplicar dentro de cualquier procedimiento administrativo, lo que incluye a los procedimientos especiales de ejecución coactiva para el cobro de obligaciones pendientes. Es así que, en el capítulo segundo se desarrolló el estado del arte aportando temas desde el origen y conceptualización de este derecho constitucional, mismo que asegura a las partes condiciones mínimas de naturaleza procesal con el fin de proteger de forma adecuada los derechos de las personas; no hay que olvidar que la Carta Fundamental tiene un valor normativo y conforme lo manifiesta el artículo 426 de la misma su aplicación es directa. Por otro lado, se ha detallado en la presente investigación lo manifestado en el artículo 76 de la Carta Magna a fin de comprender cada una de las garantías del debido proceso. Además, se revisó y analizó los actos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de entender el procedimiento administrativo y coactivo que se lleva a cabo por esta Institución, tomando en cuenta que al ser una entidad pública ejerce algunos instrumentos o medios para efectivizar el cumplimiento de obligaciones xiv pecuniarias por parte de sus afiliados y jubilados, dentro de los cuales se puede encontrar la imposición de medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los obligados (deudor o administrado). Ahora bien, en las entrevistas realizadas a los Abogados externos que sustancian bajo su cargo los procedimientos de ejecución coactiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Ambato, han manifestado que se cumple con las garantías del debido proceso, sin embargo, en las encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio indican que no son cumplidas estas garantías procesales, pudiendo existir indefensión por la falta de notificación y la falta de proporcionalidad en la aplicación de las medidas cautelares.