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Título : El derecho a la seguridad jurídica y la modificación del procedimiento de rebaja de penas
Autor : Pazmiño Vargas, Klever Alonso
Parra Zimbaña, Laura Leonila
Palabras clave : BENEFICIOS PENITENCIARIOS
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
DERECHO A LA LIBERTAD
REBAJAS DE PENAS
SEGURIDAD JURIDICA
Fecha de publicación : sep-2020
Editorial : Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado, Maestria en Derecho Constitucional
Resumen : Legal Security in Ecuador is recognized as Right, Principle and Guarantee. As Law, it is established in Art. 82 of the Constitution of the Republic, which is based on respect for the Fundamental Charter and on the existence of previous, clear, public legal norms applied by the competent authorities (Constituent Assembly, 2008). As a Principle, it recognizes the legislature as being constitutionally responsible for creating, modifying or repealing the regulations that involve constitutional rights, and at the same time, it charges the judges with giving certainty and confidence to the citizens regarding the correct application of the law, since, Only in this way can people predict the effects and consequences of their acts or omissions. And as a Guarantee, Legal Security is the foundational and common mechanism for all individuals, guaranteed in the Constitutional Charter in order to protect the individual and collective rights of the inhabitants of the State. In the specific case, since the persons deprived of liberty are members of the Ecuadorian State and constitutionally recognized as a group of priority attention, they enjoy the right to Legal Security and other rights inherent to the human being, therefore, the Council of the Judiciary when issuing Resolution 085-2014 establishes a new requirement and modifies the procedure already existing in the relevant regulations to access the benefit of Reduction of Penalties for Merits, violated the Legal Security constitutionally established, since said requirement that varies the procedure is not covered by Favorability for the inmate, but distressing the procedure that must be followed by those deprived of liberty who have fulfilled the requirements to obtain their early release. This resolution also contravenes the Principle of Reserve of Law, since the Council of the Judiciary is the administrative organ of the Judicial Function, which can only regulate the rights that are guaranteed in the norm and that lacks procedure, but not, negatively modify the pre-existing ones as in the present case, in which through Resolution 085-2014 increases a requirement and changes the procedure previously established in the Code of Execution of Penalties and Social Rehabilitation (National Congress, 2006), in the Regulations Substitute for the General Regulation of Application of the Code of Execution of Penalties and Social Rehabilitation (Executive Function, 2001) and in the Regulation for the Granting of Reduction of Penalties by Merit System (National Council of Social Rehabilitation, 2008). With the application of the information collection instruments, it was determined that the Judicial Council with the issuance of Resolution 085-2014 violates the right to Legal Security, since it is not constitutionally empowered to establish requirements and procedures through a resolution. contrary to those already established, because with this change it is generating a decrease in the percentages of reduction of penalties for merits of persons deprived of liberty, despite the fact that the PPLs have fully complied with training, health, social work, and appropriate behavior programs offered by the Social Rehabilitation Centers, thus harming the Right to Freedom that the inmates who have positively changed their behavior become creditors, also generating prison overcrowding and violation of the other rights enjoyed by persons deprived of liberty.
Descripción : La Seguridad Jurídica en el Ecuador se encuentra reconocida como Derecho, Principio y Garantía. Como Derecho se encuentra estatuida en el Art. 82 de la Constitución de la República, la cual se fundamenta en el respeto a la Carta Fundamental y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes (Asamblea Constituyente, 2008). Como Principio reconoce al legislativo como el encargado constitucionalmente de ser quien crea, modifica o deroga la normativa que involucre derechos constitucionales, y a la vez encarga a los juzgadores de dar certeza y confianza a los ciudadanos respecto de la correcta aplicación de la ley, pues, solamente de esta forma las personas pueden predecir los efectos y consecuencias de sus actos u omisiones. Y como Garantía, la Seguridad Jurídica es el mecanismo de carácter fundacional y común para todos los individuos, garantizado en la Carta Constitucional con la finalidad de tutelar los derechos individuales y colectivos de los habitantes del Estado. En el caso concreto, al ser las personas privadas de libertad integrantes del Estado ecuatoriano y reconocidos constitucionalmente como grupo de atención prioritaria gozan del derecho a la Seguridad Jurídica y demás derechos inherentes al ser humano, por lo que, el Consejo de la Judicatura al emitir la Resolución 085-2014 establece un nuevo requisito y modifica el procedimiento ya existente en la normativa de la materia para acceder al beneficio de Rebaja de Penas por Méritos, vulnerado la Seguridad Jurídica estatuida constitucionalmente, pues dicho requisito que varía el procedimiento no está revestido de Favorabilidad para el reo, sino que angustia la tramitación que deben seguir los privados de libertad que han cumplido los requisitos para obtener su libertad anticipada. Esta resolución también contraviene el Principio de Reserva de Ley, ya que el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la Función Judicial, mismo que únicamente puede reglamentar los derechos que se encuentren garantizados en la norma y que carezca de procedimiento, mas no, modificar negativamente los preexistente como en el presente caso, en el que por medio de la Resolución 085-2014 aumenta un requisito y cambia el procedimiento previamente establecido en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (Congreso Nacional, 2006), en el Reglamento sustitutivo del Reglamento General de Aplicación del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (Función Ejecutiva, 2001) y en el Reglamento para la Concesión de Rebaja de Penas por Sistema de Méritos (Consejo Nacional de Rehabilitación Social, 2008). Con la aplicación de los instrumentos de recolección de información, se determinó que el Consejo de la Judicatura con la emisión de la Resolución 085-2014 vulnera el derecho a la Seguridad Jurídica, pues no es el facultado constitucionalmente para establecer mediante una resolución requisitos y procedimientos contrarios a los ya establecidos, pues con este cambio está generando disminución en los porcentajes de rebaja de penas por méritos de las personas privadas de libertad, pese a que los PPL han cumplido integralmente con los programas de capacitación, salud, trabajo social y comportamiento adecuado que ofrecen los Centros de Rehabilitación Social, perjudicando de esta forma al Derecho a la Libertad que se hacen acreedores los internos que han cambiado su conducta positivamente, generando además sobrepoblación carcelaria y vulneración de los demás derechos que gozan las personas privadas de libertad.
URI : https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31340
Aparece en las colecciones: Maestría en Derecho Constitucional

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