LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS PENALES AL APLICAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO Y LA INSEGURIDAD JURÍDICA

Abstract

La presente investigación se la realiza considerando que la Constitución de la República del Ecuador al reconocer a la reparación integral como un derecho de protección para las víctimas de infracciones penales, está debe ser garantizada por los operadores de justicia en el procedimiento penal ya que tiene en sus manos la administración de justicia de garantizar los derechos de la persona ofendida. De esta manera es cómo surge la problemática en la figura jurídica de la suspensión condicional del procedimiento, puesto que las Juezas y Jueces de Garantías Penales al aplicar este procedimiento alternativo a la solución de conflictos, no reparan integralmente a las personas que han sufrido el daño producto de un hecho ilícito; por lo que, los derechos de las llamadas víctimas han sido constantemente vulnerados cayendo en la violación del derecho a seguridad jurídica porque no se está respetando lo que la norma suprema establece en sus preceptos constitucionales. Sin embargo, en muchas ocasiones al aplicar la suspensión condicional del procedimiento cuando se trata de delitos de acción pública, las pretensiones de las víctimas no son satisfechas en la forma que ellas o ellos aspiran, no siempre la reparación integral está garantizada ya que la mayor parte de procesos de esta naturaleza sólo convienen entre el fiscal y el procesado dejando de lado la participación o actuación del ofendido. Por consiguiente, al no garantizar adecuadamente la reparación integral enmarcada en la Carta Constitucional, se plantea una propuesta dirigida a garantizar los derechos de las víctimas de delitos penales donde las Juezas y los Jueces de Garantías Penales consideren obligatorio disponer a dicha unidad la atención, ayuda, capacitación, asesoramiento y seguimientos oportunos y eficaces de reparación integral mediante la creación de una Oficina Especializada de Asesoría Legal y Reparación Integral a las Víctimas dentro de la Coordinación Provincial del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal que dirige la Fiscalía Provincial de Tungurahua, con el objetivo de poner fin al problema investigado.