EL PASADO JUDICIAL Y EL DISENSO PARA EL MATRIMONIO DE UN MENOR ADULTO EN EL CANTÓN AMBATO

Abstract

El Estado ecuatoriano en los últimos años ha experimentado cambios sociales así como jurídicos, el más importante aparece en el año 2008, fecha en la cual con la promulgación de una nueva Constitución se consolida el Estado constitucional de derechos y justicia social, dejando de lado el sistema positivista, reconociendo a la Constitución como norma suprema que prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico y estableciendo además el orden jerárquico de las leyes, así como su aplicabilidad, como resultado de este cambio jurídico y acompañado de la desactualización legal que mantenían ciertas codificaciones jurídicas, surge algunos inconvenientes normativos produciendo incompatibilidad de las normas con respecto a la sujeción que deben guardar frente a la Constitución. En gran parte se ha dado solución a este inconveniente legal, pero aún existe disposiciones legales contrarias al espíritu garantista de la Constitución, que de una u otra forma vulnera algún principio, procedimiento o derecho constitucional, es así que el disenso para el matrimonio de un menor adulto, en el cual se utiliza el pasado judicial de un individuo para oponerse a prestar la autorización suficiente para el matrimonio, causa claramente un estado de discriminación por el uso del pasado judicial, violentando el principio de igualdad y no discriminación establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Existiendo tal incompatibilidad jurídica así como determinada que ha sido la violación a la Constitución, se plantea una propuesta que enmarcada dentro de la misma Carta Constitucional en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional busca declarar la inconstitucionalidad de la mencionada disposición jurídica contenida dentro de una norma ordinaria como es el Código Civil, con el objetivo de poner fin al problema investigado, pues en caso contrario el derecho constitucional se vería afectado por una norma de menor jerarquía menoscabando y desconociendo su supremacía así como su aplicación directa e inmediata, pues la Constitución establece que las normas deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.