La petición de la prisión preventiva por parte de los fiscales de Tungurahua en la instrucción fiscal vulnera los derechos de protección, durante el último trimestre del año 2009

Abstract

El presente trabajo de investigación ha plasmado el problema de La vulneración de los Derechos de Protección por parte de los Fiscales de Tungurahua en la Etapa de Instrucción Fiscal.Tenemos como causas: Desconocimiento de la Constitución de la República del Ecuador, falta de capacitación del Estado a los fiscales, apatía en la auto capacitación, falta de investigación en la causa. Se produce vulneración de los derechos humanos, sobre-población carcelaria, retardo en la administración de Justicia, destrucción de hogares y gastos pecuniarios elevados por parte de los sujetos procesales. Para efectos de cumplir con la metodología propuesta, en la investigación de campo se utilizó la encuesta y la entrevista, fueron diseñadas para investigar a fiscales, jueces de garantías penales, sospechosos y autoridades de Tungurahua, sobre la vulneración de derechos fundamentales y de protección por parte de los fiscales en la Instrucción Fiscal a la que podrían ser sometidos los sospechosos y como aún no se aplica la excepcionalidad de la prisión preventiva. Es necesario aclarar cuáles son las garantías fundamentales y de protección que se encuentran dispuesta en la Constitución de la República, en las leyes y fomentar que se apliquen medidas cautelares alternativas para erradicar el abuso de la prisión preventiva. Es necesario también dejar en claro que cuando una persona es privada ilegalmente de su libertad, tiene derecho a las indemnizaciones pecuniarias correspondientes, lo cual es responsabilidad del Estado. La propuesta: Capacitación a fiscales y jueces de garantías penales de la provincia de Tungurahua, sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva como medida cautelar, en aplicación a las garantías constitucionales y normativa del Código de Procedimiento Penal, sobre los derechos fundamentales y de protección de los detenidos, nace como resultado de la investigación judicial, educativa y social, con el ánimo de que los administradores de justicia y funcionarios públicos, se percaten de la trascendencia del problema y lograr la correcta aplicación de las garantías constitucionales, convenios Internacionales y leyes, que pongan en práctica el respeto a los derechos fundamentales y de protección de los sospechosos.