Ineficacia de la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación de obras

Abstract

El objetivo de la presente investigación es demostrar la ineficacia del ejercicio del derecho a la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación de obras públicas por la aplicación de la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100. La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo fenomenológico, los métodos usados son el histórico-lógico, deductivo-inductivo y analítico-sintético, el tipo es estudio del caso. Adicional a ello se encuentran los problemas jurídicos planteados, que son: ¿Cómo se aplica la garantía de la motivación en la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100?, ¿Cómo vulnera el derecho a la seguridad jurídica la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100, con relación al principio de la eficiencia y legalidad? Los fundamentos legales se cimientan en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y el Código Orgánico Administrativo (COA). Del análisis efectuado y del planteamiento del caso se determina que la aplicación de la Resolución No. RE-SERCOP-2019-0000100, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, ya que la misma propicia la incomprensibilidad, deficiencia motivacional, contenida en la apariencia motivacional, constituyéndose en un vicio motivacional, del cual no se comprende su expedición. Este vicio desencadena un sinnúmero de vulneraciones subsecuentes que se detalla a lo largo de la investigación, es decir, no solo permite que las compras públicas se mantengan en terapia intensiva, si no que las adecua a las decisiones de turno, y no a la realidad social y cultural en la cual se aplica. En este escenario, se advierte que gran parte de las previsiones normativas que están orientadas a dotar de mayor discrecionalidad a los compradores públicos han sido importadas de otras experiencias, pero, una vez más, poco o nada se menciona sobre la ponderación que se debió realizar para concluir que si era posible implantar estas medidas en las particulares condiciones y limitaciones de la administración pública, de ningún modo asimilables a la burocracia especializada de los organismos internacionales consultados como referentes (Ordoñez, 2015). De este modo, es imprescindible y necesaria la implementación de mecanismos administrativos que efectivicen el ejercicio de la seguridad jurídica, de las actuaciones administrativas, y de la aplicación discrecional de los servidores encargados del manejo de los procedimientos de licitación de obras, esto podría ser viable a través de un nuevo marco reglamentario y la reformulación jurídica de la resolución en análisis, de forma motivada.