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Título : El precedente constitucional y de convencionalidad en los procesos administrativos de expropiación
Autor : Cortés Naranjo, Edwin Wilfrido
Pilco Castillo, Washington Lizardo
Palabras clave : CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
DERECHOS HUMANOS
DERECHO INTERNACIONAL
TRTADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
Fecha de publicación : ene-2021
Editorial : Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado, Maestria en Derecho Constitucional
Resumen : The current legal world is transformed in an accelerated way, this means that Ecuadorian legislation requires incorporating into its regulations laws that contain daily needs in order to make common welfare viable, for this action, rules have been created that regulate administrative acts that issue public entities, as well as the relationship that the company has with the public sector, for which there are mechanisms for the defense and protection of rights, all of these enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador, with this context I must indicate that this work is going focused on the field of public administration and its relationship with private property in order to satisfy collective needs and prevail the common good over the private good. In this sense, I will analyze in the first phase the relevance of the constitutional precedent, which for many authors is the jurisprudence issued by the Constitutional Court at the time of the analysis of certain topics of interest, characterized by having a binding nature, that is, the precedent It must have an effective use, according to the criteria given in each sentence, causing a positive impact for the correct application of the norm, for this purpose the Constitutional Court of Ecuador as the highest organ of constitutional control has issued a series of pronouncements regarding the administrative procedure of declaration of public utility that at the moment of not reaching a common agreement with the expropriated person, regarding the fair price, a process called expropriation proceeds in the jurisdictional instance, an action that allows an impartial third party to resolve the controversy in accordance with a technical report that will contain the fair appraisal, to For this effect, it is necessary to investigate whether constitutional precedents are applied directly by state entities, analyzing their application and content. On the other hand, the Organic Law of the National System of Public Procurement (2008) allows public entities to acquire private and public real estate in order to satisfy collective needs, for which they will proceed to the administrative procedure of declaration of public utility and interest social as established by the Constitution (2008) in its article 323, regulations that empower the State Institutions to declare the expropriation of real estate as long as there is a fair prior assessment, compensation and payment; by virtue of this, the Constitutional Court as well as the Inter-American Court of Human Rights have ruled on the expropriation process, not deciding on its origin, but the analysis has focused on what is considered as "the fair price", indicating the fundamental parameters that the state entities must observe for a fair assessment, and in the case of non-compliance, the constitutional and human rights of private property would be violated. In this context, it is necessary to analyze whether the constitutional precedent, as well as that of conventionality in its binding part, is observed and applied within the respective State Institutions and its incidence in respecting the right to property established in the Constitution of the Republic of Ecuador
Descripción : El mundo jurídico actual se transforma aceleradamente, esto significa que la legislación ecuatoriana requiere incorporar en su normativa leyes que contengan las necesidades cotidianas a fin de viabilizar el bienestar común, para esta acción se ha creado normas que regulan los actos administrativos que emiten las entidades públicas, así como la relación que posee el administrado con el sector público, para lo cual existe mecanismos de defensa y protección de derechos, todos estos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, con este contexto debo indicar que el presente trabajo va enfocado en el ámbito de la administración pública y su relación con la propiedad privada a fin de satisfacer necesidades colectivas y prevalecer el bien común sobre el bien particular. En este sentido, analizaré en primera fase la relevancia que posee el precedente constitucional, que para muchos autores es la jurisprudencia que emite la Corte Constitucional al momento del análisis de ciertos temas de interés, caracterizándose por tener una naturaleza vinculante, es decir que el precedente debe tener un efectivo uso, de acuerdo a los criterios impartidos en cada sentencia, provocando un impacto positivo para la correcta aplicación de la norma, para este efecto la Corte Constitucional del Ecuador como máximo órgano del control constitucional ha emitido una serie de pronunciamientos referentes al procedimiento administrativo de declaratoria de utilidad pública que al momento de no llegar a un común acuerdo con la persona expropiada, a lo referente al justo precio, procede en la instancia jurisdiccional un proceso denominado expropiación, acción que permite que un tercero imparcial resuelva la controversia conforme un informe técnico que contendrá el justo avaluó, para este efecto es necesario investigar si los precedentes constitucionalistas son aplicados de forma directa por los entidades estatales analizando su aplicación y contenido. Por otra parte, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008) permite a las entidades públicas adquirir bienes inmuebles privados como públicos con el fin de satisfacer necesidades colectivas, para lo cual se realizará la declaratoria de utilidad pública y de interés social conforme lo estable la Constitución (2008) en su artículo 323, normativa que faculta a las Instituciones del Estado declarar la expropiación de bienes inmuebles siempre y cuando exista una justa valoración previa, indemnización y pago; en tal virtud, la Corte Constitucional así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado sobre los proceso de expropiación, no resolviendo sobre su procedencia, más el análisis se ha centrado en lo que se consideran como “el precio justo”, indicando los parámetros fundamentales que deben observar las entidades estatales para una justa valoración, y en el caso de inobservancia se estaría vulnerando los derechos constitucionales y humanos a lo correspondiente a la propiedad privada. En este contexto, es necesario analizar si el precedente constitucional, así como el de convencionalidad en su parte vinculante es observado y aplicado dentro de las respectivas Instituciones del Estado y su incidencia en el respeto al derecho de la propiedad establecido en la Constitución de la República del Ecuador
URI : https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/31912
Aparece en las colecciones: Maestría en Derecho Constitucional

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