Preceptos de orientación y apoyo social a largo plazo para adolescentes en conflicto con la ley penal con internamiento institucional social en el cantón ambato.

Abstract

Partiendo de que los adolescentes por su edad pasan por muchos cambios físicos, mentales, emocionales, sociales, dependiendo de su modus vivendi y como participes de una sociedad llena de desigualdades están expuestos a inclinarse al lado que esta la empuje y estar sujetos a transgredir la ley penal. La Constitución de la República del Ecuador la norma jurídica más alta de nuestro ordenamiento jurídico es clara al establecer que los adolescentes en conflicto con la ley penal tienen doble prioridad tanto por estar privados de la libertad como por ser adolescentes, prioridades que en un sistema de rehabilitación social que tiene como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad; deberían ser aplicadas mediante políticas de Estado pero que en su realidad este sistema es carente de eficacia por sus múltiples falencias unido al poco interés que existe por parte del Estado, ya que a través de los años se viene evidenciando que estos derechos se ven afectados. El incremento de los miembros de la fuerza pública y el endurecimiento de penas no contribuyen en gran magnitud a combatir la delincuencia juvenil solo resultan ser simples parches, se la debería combatir desde sus bases y no en lo posterior cuando ya sea adulto reprenderlo por algún delito que ha cometido, se debe buscar otras formas de solución aunque con resultados a largo plazo pero más eficaces y contundentes que las mencionadas. La rehabilitación para un adolescente que ha trasgredido la ley penal y que se le ha impuesto una medida socio educativa de internamiento institucional no es completa y no cumple con todos los objetivos, este es un problema que afecta al ámbito nacional y que existiendo los principios suficientes para su correcta rehabilitación se hace necesario buscar una solución al problema ya que las leyes actuales no la garantizan. Mediante la creación de una normativa jurídica que garantice sus derechos y que involucre la coordinación y cooperación de los diferentes ministerios, destinando los recursos económicos suficientes para ello.