Chicaiza Cali, Alexandra MonserrathRamiro Tite, Segundo2026-01-222026-01-22https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46336El presente trabajo investigativo analiza el rol del fiscal como titular de la acción penal pública de acuerdo con la normativa, pues es el competente para ejercer dicha acción, ahora bien, las decisiones tomadas por el fiscal respecto al archivos, abstenciones, aplicación de principio de oportunidad, afecta el interés de la víctima respecto a la reparacion integral, a la búsqueda de la justicia y la verdad y a la tutela judicial efectiva. A pesar de los avances normativos respecto a los derechos de las víctimas en la práctica la acción penal por parte de fiscalía deja a las víctimas en indefensión, esto se evidencia en la práctica judicial en procesos que afectan la justicia restaurativa en nuestro país. Esta problemática surge por la ausencia de criterios para proteger los derechos de las víctimas frente a decisiones procesales como los archivos de las investigaciones, la incorrecta formulación de cargos generando la necesidad de analizar el rol del fiscal en la acción penal pública, y la incidencia de la acción sobre los derechos de las víctimas en la realidad basada en casos judiciales. Para la presente investigación se llevó a cabo una metodología cualitativa, junto con los niveles de investigación descriptivo, analítico y exploratorio los cuales permites identificar cuáles son las causas y consecuencias de la problemática, de manera complementaria se utilizó la técnica de la entrevista dirigida al sistema judicial entre ellos jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio, compartiéndonos su punto de vista del tema en mención en base a la experiencia que mantiene cada uno. En cuanto a la revisión del Ejercicio de la Acción Penal pública y los derechos de las víctimas en el proceso penal ecuatoriano, se ha llegado a la siguiente conclusión: El único titular en el ejercicio de la acción penal es Fiscalía en representación del Estado conforme manifiesta el art 195 de la Constitución misma que le da autonomía procesal, ahora bien, Fiscalía no cumple de manera eficiente el rol encomendado en la carta Magna y los derechos de las víctimas se dejan de lado, violentando sus derechos consagrados. Las limitaciones y deficiencias en el ejercicio de la acción penal pública afectando la garantía efectiva de los derechos de las víctimas en el proceso penal ecuatoriano, reflejadas en una insuficiente reparación integral y la vulnerabilidad ante decisiones procesales, pese a los avances normativos existentes, hay que tomar en consideración que la participación del fiscal se ha visto afectada por factores como corrupción, política, falta de capacitación entre otros, sin embargo esto dejan a las víctimas en total indefensión.This research paper analyzes the role of the prosecutor as the holder of the public criminal action, in accordance with the law, as they are the competent authority to exercise this action. However, the decisions made by the prosecutor regarding case dismissals, abstentions, and the application of the principle of opportunity affect the victim's interest in comprehensive reparations, the pursuit of justice and truth, and effective judicial protection. Despite legal advances regarding victims' rights, in practice, the prosecution's actions leave victims defenseless. This is evident in judicial practice in cases affecting restorative justice in our country. This problem arises from the lack of criteria to protect victims' rights in the face of procedural decisions such as the dismissal of investigations and the incorrect formulation of charges. This generates the need to analyze the prosecutor's role in public criminal action and the impact of these actions on victims' rights in reality, based on judicial cases. For this research, a qualitative methodology was employed, along with descriptive, analytical, and exploratory research levels. These methods allowed for the identification of the causes and consequences of the problem. Additionally, interviews were conducted with members of the judicial system, including judges, prosecutors, and practicing lawyers, who shared their perspectives on the issue based on their individual experiences. Regarding the review of the exercise of public criminal action and the rights of victims in the Ecuadorian criminal process, the following conclusion was reached: The Public Prosecutor's Office, representing the State, is the sole entity authorized to exercise criminal action, as established in Article 195 of the Constitution, which grants it procedural autonomy. However, the Public Prosecutor's Office does not efficiently fulfill the role entrusted to it in the Constitution, and the rights of victims are disregarded, violating their enshrined rights. The limitations and shortcomings in the exercise of public prosecution affect the effective guarantee of victims' rights in the Ecuadorian criminal process. These limitations are reflected in insufficient comprehensive reparations and vulnerability to procedural decisions, despite existing legal advances. It is important to consider that the prosecutor's participation has been affected by factors such as corruption, politics, and lack of training, among others, leaving victims completely defenseless.esACCIÓN PENAL PÚBLICAFISCALÍAVÍCTIMADERECHOSbachelorThesis